El gobierno colombiano anunció la reanudación de la controvertida fumigación aérea de coca con glifosato por segunda vez durante el año. El uso de glifosato para la fumigación local de coca se opone a la oposición de izquierda, que quiere prohibir el producto químico.

Los expertos locales en drogas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito consideran que este método es una pérdida de dinero ineficaz e inútil.

Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acogió con beneplácito la iniciativa el martes, diciendo que el decreto era "un paso crítico hacia la integración de la destrucción de la coca del aire en la estrategia integral de drogas de Colombia".

En marzo, el presidente Ivan Duke solicitó al Tribunal Constitucional que derogue las condiciones impuestas en 2017 sobre la reanudación de la pulverización de aire del ingrediente principal de la cocaína, que fue prohibido en 2015 debido a la salud pública y el medio ambiente.

Las hojas de coca todavía se usan en la producción de Coca-Cola. Son aplastados en una planta en Nueva Jersey, donde se obtiene cocaína para uso en medicina, y el resto se envía para hacer una bebida.

En junio, el presidente dijo que reanudaría la fumigación "en unas pocas semanas". Un mes después, Duke fue detenido, según los informes, porque su gobierno ni siquiera había comenzado a cumplir con ninguna de las condiciones del Tribunal Constitucional.

La condición principal de la corte es que la fumigación del aire puede no representar un riesgo para la salud o el medio ambiente.

En particular, cualquier decisión de reanudar el uso de glifosato para la pulverización de aire debe basarse en "evidencia objetiva y convincente que no muestre ningún daño para la salud y el medio ambiente", según el Tribunal Constitucional.

El decreto enfatizó que esta condición "no significa, por un lado, evidencia de que hay una certeza absoluta e innegable de que no hay daños. Además, esto no es equivalente a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no presenta ningún riesgo ".

Los planes actuales del gobierno incluyen la participación de las comunidades rurales afectadas, como lo exige el tribunal.

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